Hace una década un célebre politólogo colombiano escribió en una columna de opinión que "el congreso es una asociación para delinquir". En estos días han aparecido en diversos medios de comunicación informaciones acerca de aberrantes contrataciones, despilfarros y por lo destapado hasta la fecha, evidente corrupción a costa de los contribuyentes.
Que una senadora sea señalada por la Procuraduria como amiga de las Farc y por esa razón sea destituida del cargo, o que el hermano del alcalde de Bogotá al parecer utilice su investidura parlamentaria para obtener réditos personales en la contratación pública de Bogotá, son apenas dos síntomas de miles y miles de casos como nóminas paralelas, sobrecostos, coimas, tráfico de influencias, nexos con parapolítica y farcpolítica, argucias electoreras, viajes, pensiones exorbitantes para delincuentes de cuello blanco que han esquilamdo el erario público y que fuera de eso ni siquiera asisten a todas las sesiones, o las sabotean o van dormir al capitolio; son a la vez, componentes de un demoledor contraste frente a los pocos que quieren sacar a Colombia del atolladero.
De ser ciertas todas estas denuncias, debe caer el peso de la justicia a los hampones de cuello blanco y llevarlos a las cárceles comunes para que se reúnan con los atracadores y raponeros de su laya, para que allá revueltos, como deberían estar desde antes de ocupar cargos públicos, resuelvan entre vándalos sus diferencias personales y grupales.