Itinerario de una injusticia: Drama del coronel Plazas Vega

El seis de noviembre de 1985, una cuadrilla del grupo terrorista M-19 incursionó a sangre y fuego al Palacio de Justicia, con el doble objetivo de dar una especie de golpe de Estado y desaparecer todas las pruebas y expedientes que afectaban a los capos del narcotráfico.
En la obvia reacción del Estado, tropas de la Decimotercera Brigada comandadas por el general Jesús Arias Cabrales, salvaron la continuidad de la república en una de sus horas mas aciagas, recuperaron la estabilidad institucional y restauraron el orden público.
En mas de 21.000 folios de intensas pesquisas judiciales, quedó demostrado que por partida doble los terroristas pretendían someter a las altas cortes, sentar la laxo presidente Belisario Betancur en juicio revolucionario, y declarar el utópico gobierno socialista pro-cubano del M-19.
Por extraña coincidencia del destino, el entonces Presidente de la Cámara de Representantes Cesar Gaviria Trujillo la emprendió con saña contra los militares. Y tomó en ojeriza al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega. No así contra los verdaderos causantes del holocausto.
Por obra y gracia de la politiquería de Gaviria quien de carambola subió a la Presidencia de la República ante la muerte violenta de Luis Carlos Galán, no solo permitió que Pablo Escobar uno de los cerebros del cruento ataque contra los magistrados, cogobernara desde la cárcel-hotel de cinco estrellas de La Catedral, sino que hizo todo el lobby posible para que los terroristas Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro, Vera Grave y otros delincuentes comprometidos en el criminal ataque contra la institucionalidad, quedaran libres de cargos producto de un indulto complementario a la Amnistía obtenida con la rendición de las cuadrillas armadas del M-19.
Al cabo de un intenso trasegar que se prolongó por casi dos décadas, las respectivas instancias judiciales y disciplinarias, exoneraron de toda responsabilidad a los militares que recuperaron el Palacio, pero al tiempo quedaron maniatadas frente al imposibilidad de llevar a los estrados de la justicia a los responsables de el monstruoso crimen de lesa humanidad.
Producto de los entuertos y maremagnums derivados de la por siempre convulsa situación política colombiana, la izquierda prosubversiva movió las fichas claves y logró uno de los exabruptos jurídicos mas inexplicable, de los que tenga conocimiento la memoria histórica colombiana.
De la noche a la mañana se reabrieron los procesos penales no contra los terroristas que llegaron a ser senadores, candidatos a la presidencia, funcionarios públicos de alto nivel y hasta quien lo creyera, catedráticos moralistas; sino contra los militares que a costa de exponer sus vidas y las de sus soldados, se jugaron el todo por el todo, en aras de salvar la república del colapso urdido por los asaltantes.
A lo largo de 224 páginas escritas con claridad conceptual, sólido acervo jurídico, y sentimiento de patriota herido por la sinrazón de un procedimiento alejado de la justicia por parte de la Fiscal encargada del caso, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega describe con lujos de detalles en el libro de su autoría titulado El Itinerario de una injusticia, paso a paso de lo que ha sido su calvario, en búsqueda de hacer entender a la funcionaria en mención, que ni era el comandante de la operación, ni que tenía mando operacional o administrativo sobre el personal asignado a las dependencias del B-2 de la Brigada 13 ubicadas por orden superior en los predios de la Escuela de Caballería desde 1978, ni tiene nada que ver con la supuesta desaparición de Irma Franco y otras personas.
El contenido del escrito del coronel Plazas tiene todas las características, para que cualquier facultad de Derecho de cualquier universidad, lo asuma como elemento de estudio y análisis de los errores y desviaciones en los que puede incurrir un funcionario de instrucción, cuando preexisten apasionamientos o deseos manifiestos de hallar un culpable, así el sindicado demuestre de mil formas su inocencia.
La reapertura del proceso y orientación manifiesta hacia la cabeza del coronel Plazas Vega, se deriva de las declaraciones controvertidas y controversiales por cierto, de un exagente de policía hoy asilado en Bruselas merced a la intercesión de una Ong dirigida por un cuestionado sacerdote, de probada afinidad ideológica con el terrorismo comunista.
A partir de esta aberración jurídica, según lo describe Plazas Vega en su libro, se suman una tras otra, una serie de procederes contrarios a los dictados legales de la plena prueba, el debido proceso, la preexistencia de la conducta tipificada como delito en los códigos penales colombianos antes de su supuesta comisión, la negación de pruebas, el descomedimiento de la funcionaria de instrucción tanto con el sindicado como con los eminentes juristas que asumieron su defensa; y la ignorancia rasa de la Fiscal frente a la organización interna militar, la estructura jerárquica castrense, los procedimientos operacionales militares, así como el entorno laboral de los cuarteles y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
De entrada la Fiscal quitó la categoría de terroristas a los agresores, pues los calificó con el suavizante adjetivo de rebeldes. A partir de esa concepción, surgen elementos válidos para sospechar de la imparcialidad de la investigación.
Luego fueron desconocidos los justos reclamos del sindicado y sus defensores, hasta el extremo que a pesar de la avanzada edad y estado de salud de los abogados de la defensa, la señora Fiscal dispuso que asistieran a su despacho a declarar, inclusive para poner en duda el informe elaborado por altos juristas acerca de las responsabilidades en el holocausto del Palacio de Justicia; mientras que de sorpresa, y sin notificar a la defensa viajó hasta Palmira, para tomar la declaración a un hermano del terrorista Antonio Navarro Wolf.
El mundo al revés. De contera, la resolución de acusación contra Plazas Vega incluyó como pruebas los testimonios de terroristas indultados y las declaraciones de Mazuera y otros personajes, de quienes en palabras de Plazas, página 45 del libro en mención:
“me di cuenta que había un montaje y un evidente fraude procesal para desviar la investigación de su verdadero cauce, y, por eso pedí compulsar copias para investigar penalmente por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsa denuncia y los que hubiere lugar al expolicía Ricardo Gómez Mazuera, abogado Germán Guevara Ochoa, Héctor Jaime Beltrán, René Guarín, Enrique Rodríguez y Gustavo Petro…. Sin embargo la señora fiscal no hizo la compulsa de las copias en oportunidad y a cambio ordenó mi detención….”
Sería insuficiente el espacio de este blog para describir la cantidad de abrumadores datos suministrados por el coronel Plazas Vega, en torno a un juicio con evidentes proclividades y sesgos politizados…
Por eso lo mejor, es leer el libro y reflexionar acerca de la desnaturalización de los valores heredados de los antepasados y la crisis de credibilidad que tienen las instituciones colombianas incluida la rama judicial, con evidente infiltración de la izquierda prosubversiva.
Es como diría William Faulkner. “Así es la paga que recibe el soldado”….
Mientras tanto, los terroristas que atacaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, incendiaron los anaqueles, destruyeron expedientes, masacraron a los altos jueces, secuestraron a cientos de inocentes, pusieron en tela de juicio la institucionalidad y sellaron un negro precedente para la vida colombiana, hoy son “honorables” dirigentes políticos, abanderados de la justicia y moralistas por excelencia.
Ese es el itinerario de una injusticia recorrido por Plazas Vega, quien de remate, no es la excepción sino una pieza mas de la regla, que victimiza a los militares que con sangre, sudor y lágrimas han entregado lo mejor de sus vidas, en defensa de una sociedad, infiltrada por anarquistas de profesión que ni gobiernan ni dejan gobernar.
Ojalá que este llamado de atención, llegue a los por siempre ocupados superiores jerárquicos de la Fiscal en cuestión, que lean el puntual escrito de Plazas Vega, y que obren de acuerdo con lo que debe ser la justicia.
De lo contrario, aberrantes casos como este continuarán el progresivo allanamiento de la autopista, que solo favorece los intereses de los enemigos de la libertad, el orden, la democracia, los derechos civiles y la rectitud procesal. Y cuando lleguen los malhechores por los incrédulos, quizás sea tarde para remediar lo que se pudo corregir a tiempo.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
www.luisvillamarin.co.nr